La justicia española pasa por la peor crisis de los últimos treinta años; es más que posible que hoy asistamos atónitos a una huelga de jueces, una huelga de togas caídas. Ni los más viejos del lugar imaginaron jamás que vivirían para verse en semejante trance. No voy a juzgarla -esa sería una actividad propia de jueces y yo no lo soy- pero no me resisto a apuntar algunas reflexiones.

En primer lugar, siento disentir del criterio del Consejo General, donde me consta hay excelentes juristas, pero en mi modesta opinión el ejercicio de la huelga es un derecho fundamental que la Constitución nos reconoce a todos los habitantes de esta piel de toro. Como tal debe ser la propia Constitución la que expresamente establezca cualquier excepción a la regla general y cualquier duda que se suscite debe ser interpretada en beneficio del ejercicio del derecho, que para algo tiene la consideración de fundamental. Dicho lo cual, comparto la opinión de que mientras exista una posibilidad razonable de llegar a un acuerdo no deben paralizarse los juzgados, pero no tengo tan claro que la convocatoria en si no constituya un método de presión legítimo para evitar mas dilaciones por parte de un Gobierno que más parece estar maniobrando que negociando.

Es evidente que el Gobierno es directamente responsable de la convocatoria de huelga, después de su actitud durante la última reunión mantenida con las asociaciones de jueces. Contestar a las demandas realizadas desde la magistratura con la oferta de 20 millones de euros para inversiones es una provocación en si misma. Sería ridícula en cualquier caso, pero viniendo de un gobierno que anuncia pocos días después que piensa gastarse 50 millones de euros en vallas para publicitar la última ocurrencia anticrisis del presidente Zapatero es sencillamente insultante. El ministro Bermejo haría bien en esforzarse menos tratando de descalificar a los convocantes del paro y más en trabajar en la solución de los problemas que consumen a la Justicia española, planteando iniciativas que lo hagan innecesario y logrando que los profesionales vean un atisbo de seriedad y voluntad negociadora en los representantes del Gobierno. Pero este hombre siempre acaba convirtiéndolo todo en un pulso de taberna, le va de natural.

Tengo que felicitar a la magistratura por la feliz idea de desvincular la huelga de cualquier tipo de demanda salarial, que no me cabe duda alguna puede ser justa, pero no es el momento de plantearla. Aquí se va a librar una dura batalla de imagen y harán muy mal sus señorías si olvidan esta realidad, entre otras cosas porque es lo único que de esta situación, incluida la quiebra del sistema, le preocupa al Gobierno socialista.

La estrategia de los señores Zapatero y Bermejo es sencilla, han hecho y harán cuanto esté en su mano y tienen poderosos aliados mediáticos para ello, por convertir la legítima protesta de los jueces en una simple algarada, con tintes corporativos, sin otro objetivo que conseguir un aumento de sueldo y alguna que otra prebenda. Presentarán a la magistratura, ante la ciudadanía, como un grupo de privilegiados funcionarios indiferentes al sufrimiento de los demás, e insolidarios con la nación en tiempo de crisis. Una vez llegados a este punto, por peligrosa, irresponsable y demencial que pueda parecernos la estrategia, alentarán un enfrentamiento entre las togas y el pueblo, para aparecer ellos, Zapatero y Bermejo, como los valedores de los derechos del sufrido ciudadano que padece las consecuencias del atropello judicial. Y punto y pelota. Y a otra cosa mariposa. No olviden sus señorías que constituyen un grupo reducido, apenas unos pocos miles de votos, que ha conocido mejores tiempos en orden al prestigio y popularidad de la institución.

Por contra, es importante por parte de los jueces un mayor esfuerzo pedagógico. Es imprescindible que los habitantes de este país sean conscientes de la realidad y ésta no es otra que el ciudadano que recurre a ella es el principal perjudicado de la insostenible situación por la que atraviesa la Justicia, es decir la sociedad española en su conjunto, no los jueces y que, de las demandas que plantea la magistratura en pro de la Justicia, el beneficiario directo es el ciudadano que recurre a ella, es decir la sociedad española en su conjunto, no los jueces. Razonablemente, los profesionales del derecho y los ciudadanos de este país deberíamos respaldar con nuestro apoyo las más que justificadas reclamaciones de sus señorías, que lo son en beneficio de todos. Ahora bien, ni remotamente deben pensar los juzgadores que esos mismos ciudadanos conocen las claves del problema y no duden de que el Gobierno tratará que esa ignorancia se convierta en su mejor aliado.

No puedo dejar de señalar en este rosario de reflexiones -reconozco que un tanto dispersas y poco sistemáticas- la conveniencia de que se recupere cuanto antes la unidad de acción entre las distintas asociaciones que representan a la judicatura. De no ser así se deja un flanco abierto sobre el que nuestro querido Bermejo se arrojará, con el cuchillo entre los dientes, sin otro ánimo que el de frustrar el objeto de la protesta.

Finalmente, soy de la opinión de que la crisis de la Justicia tiene solución y con independencia de otras cuestiones no menos importantes, la fórmula razonable y urgente pasa necesariamente por más juzgados, más modernos, mejor dotados personal y materialmente, en el ámbito de una justicia mas independiente y restituida en su prestigio. No creo sinceramente que el Gobierno de Zapatero vaya por ese camino, pero de esta cuestión hablaremos otro día.

* Vicente Ferrer .Diputado. Portavoz adjunto del PP en la Comisión de Justicia del Congreso.

18-02-2009