Las familias con personas en situación de dependencia tienen que estar atentas a esta nueva Ley, ya que habrá nuevas ayudas y nuevos derechos que podrán recibir gracias a la misma.

La promulgación de la Ley de Dependencia va a suponer que al menos, cerca de 400.000 habitantes de la Comunidad Valenciana, puedan acceder a algún tipo de ayuda.

La nueva Ley, aprobada por el Congreso de los Diputados del pasado día 30 de Noviembre de 2006, y que lleva por título, Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención de Dependencia, asegurará una serie de servicios y prestaciones económicas a aquellas personas que no pueden valerse por si mismas, por tener incapacidad física,  psíquica o mental.

¿Qué debemos hacer?

Para poder acceder a sus beneficios, aquellas personas que tengan disminuídas sus capacidades físicas, psíquicas o mentales, deberán acudir a los Servicios Sociales de su ayuntamiento para poner en conocimiento de los mismos su disminución. A partir de aquí se les realizará una evaluación para conocer el grado de dependencia y el tipo de ayuda o servicio al que tendrán derecho.

Las evaluaciones darán como resultado diversos grados de dependencia, que irán desde la gran dependencia, que necesitará ayuda las 24 horas del día, hasta la dependencia moderada, que solo necesitaría ayuda una vez al día.

La Ley que entrará en vigor a partir del 2007, irá implantándose progresivamente, en una doble vertiente:

1- Prestación de servicios: prevención, ayuda domiciliaria, Centros de Día y de Noche, Teleasistencia e ingreso en residencias.

2-  Prestaciones económicas: que serán destinadas a la contratación del servicio privado en los casos en que no exista asistencia pública, compensación económica por cuidados de la familia o por contribuir a la contratación de una asistencia personalizada para facilitar la autonomía personal a personas con gran dependencia.

También habrá beneficios fiscales, tales como la contratación de un seguro privado. Al tiempo que el Estado Central financiará íntegramente la cobertura básica común para todo el Estado y establecerá convenios con las comunidades Autónomas con el fin  de cofinanciar las prestaciones.

La familia o el beneficiario, aportarán de forma equilibrada y justa una parte del coste de la prestación, en función de su renta y patrimonio, si bien, se garantizará el que nadie dejará de ser beneficiario por falta de recursos propios.

Bienvenida sea la Ley.