No han pasado todavía muchos años, desde que en la sanidad se emprendió un cambio cualitativo de primer orden en la relación médico-enfermo. En ese cara a cara, el médico actuaba como tutor y el paciente como desvalido. Este obsoleto modelo, asimétrico y vertical, obligaba al paciente a tener una actitud pasiva ante la opinión médica. Era la esencia del paternalismo. Por ello, la norma de conducta del médico y los códigos éticos que la modulaban, se traducían, en que hay que hacer siempre el bien al paciente, pero sin contar con él.

Esta relación no tiene hoy cabida en nuestra sociedad. Los espectaculares avances tecnológicos de la medicina, la complejidad de las pruebas diagnósticas y de algunos tratamientos -algunos con probabilidad de riesgo mayor que la propia enfermedad-, han abocado a una revisión del concepto de beneficencia: lo beneficioso ¿para quién? Emerge así el nuevo valor en la relación médico-paciente: la autonomía de los pacientes.

Nuestras actuales leyes, desde las constitucionales a las sanitarias, otorgan unos derechos al ciudadano y al enfermo de modo y manera que éste pueda escoger su calidad de vida, con lo que se le da capacidad para tomar decisiones sobre su futuro y sobre su cuerpo. Por ello, lo que es beneficioso para el paciente ya no puede ser impuesto por el saber científico. La ciencia no puede utilizarse por imposición. Es oportuno recordar, que la medicina no es una ciencia exacta, sino probabilística.

En este contexto de la actual relación médico-enfermo, hay que analizar el nuevo decreto que dentro de unos días publicará la Generalitat, por el que regulará el derecho a la segunda opinión médica, en el ámbito del Sistema Público Valenciano. Un sistema que no está de más recordar que se encuentra entre los mejor vistos por los ciudadanos como reiteradamente demuestran las encuestas de satisfacción que temporalmente se publican.

Este decreto, viene a dar un paso más de concreción a la ley promulgada en el 2003, sobre derechos e información al paciente, en la que se establecía la posibilidad de solicitar una segunda opinión.

La práctica de solicitar una segunda opinión médica es un acto utilizado con cierta asiduidad en algunos países con sistemas sanitarios más liberalizados y, en algunos casos, con débiles o inexistentes sistemas públicos de salud. Asimismo, este servicio es contemplado por multitud de aseguradoras privadas que ofrecen recursos sanitarios a sus afiliados. Naturalmente, en todos estos supuestos, la segunda opinión médica tiene un coste adicional para el paciente que la solicita. En los Estados Unidos, por ejemplo, un paciente de cada cinco que visita a un profesional de la salud, toma una segunda opinión médica. Se calcula en 3,2 billones de dólares anuales los costos en concepto de segunda opinión en dicho país.

Por otro lado, en la literatura médica actual, existen estudios contundentes que demuestran, que la práctica de una segunda opinión puede disminuir errores diagnósticos (Lancet 2004; 363 (9425); 1934; Clinician Rewiews 2000; 10: 115).

En nuestro país, las Comunidades de Andalucía y Extremadura, promulgaron en el 2003 y 2004 respectivamente, decretos similares al que va a promulgar la Generalitat Valenciana. Sin embargo, a pesar de su similitud, sobre todo con el decreto andaluz, existen algunos matices diferenciales que es oportunos comentar.

Desde nuestro punto de vista, la mayor virtud del decreto que acaba de impulsar el conseller Rafael Blasco, reside en que el experto o grupo de expertos que emitirán esta segunda opinión, es una opción que ofrecerá la Conselleria de Sanitat; pero con el matiz, de que previamente serán seleccionados o avalados por la sociedad científica competente en la enfermedad. Este sistema de selección puede ayudar a garantizar que la segunda opinión, emane de verdaderos expertos y no de famosos. Estos últimos, como consecuencia del poder mediático no profesional son con demasiada frecuencia los elegidos por los pacientes. Ello es causa de desencuentros en las opiniones médicas por mediar en muchas ocasiones intereses paracientíficos. La vía de selección científica impulsada en el decreto valenciano, no solo se basa en la garantía de la solidez de profesionales expertos en la materia, sino que evita la mediatización de la ciencia médica.

En cualquier caso, este nuevo decreto, viene a reforzar un derecho del paciente valenciano y como hemos comentado, los médicos en general, defendemos la segunda opinión, como un medio más de disminuir errores y de fortalecer la autonomía de los pacientes. Porque somos los profesionales de la sanidad valenciana los más interesados en reducir los riesgos que podamos asumir.

* Presidente del Instituto Médico Valenciano (Federación de Sociedades Científicas de la CV).