El Gobierno central fija el baremo estatal para conocer el nivel de dependencia

El Estado y las autonomías llegan al acuerdo de priorizar las ayudas a personas con deficiencias mentales.

El Gobierno y las comunidades autónomas ya han aprobado el baremo estatal del Sistema de Dependencia, que incide en las discapacidades intelectuales y mentales. Esta línea de trabajo que analizará y tendrá en cuenta los aspectos a tener en cuenta a la hora de catalogar el nivel de dependencia ha contado con el respaldo de todas las comunidades autónomas, salvo Navarra, que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Dependencia al considerar que vulnera competencias exclusivas de la Comunidad Foral, en materia de Asistencia Social.

El baremo aprobado permitirá a las administraciones autonómicas valorar la capacidad de las personas para las actividades básicas de la vida diaria y la necesidad de recibir apoyo y supervisión. El documento final incluye las especificidades de los diferentes tipos de discapacidad: física, mental o intelectual.

En concreto, las autonomías valorarán la capacidad para desarrollar actividades como comer y beber, la regulación de la micción o defecación, lavarse, cuidados corporales, vestirse, mantenimiento de la salud, desplazarse dentro o fuera del hogar o tomar decisiones, haciendo especial hincapié en las discapacidades intelectuales y mentales.

Revisión anual del baremo

No obstante y teniendo en cuenta la novedad de este procedimiento, Gobierno y comunidades autónomas han acordado revisar este baremo con carácter anual.

Una vez aprobado el baremo del Sistema de Dependencia, el Ministerio de Trabajo, los técnicos de las autonomías y los diferentes consejos consultivos trabajarán sobre los proyectos de reales decretos por los que se regularán las prestaciones económicas de los afectados, las características de los servicios que se percibirán, la acreditación de los centros o la aportación económica que deberán realizar los ciudadanos. Asimismo, el Ministerio de Trabajo debe determinar el régimen de la Seguridad Social que dará amparo a los cuidadores familiares.